En la práctica se verifican procesos de mutua influencia aunque en relaciones asimétricas de poder donde la concepción y prácticas hegemónicas tienen mucho peso. Felizmente para la humanidad y su sostenibilidad todavía se mantiene en gran medida una reserva de cultura consustancial con la naturaleza aunque con preocupantes procesos de erosión y drenaje cultural.
Múltiples son los factores que explican la complejidad de esta situación. Sin dejar de desconocer que el factor económico juega un rol muy importante en la modelación de los esquemas de desarrollo y conservación ambiental y que lo político desde el accionar estatal muchas veces avala esta supremacía, ya no estamos frente a sociedades que aceptan pasivamente esta realidad.
La mayor y mejor información, las demandas de participación y la movilización ciudadana actúan como contrapesos con diferentes grados de logro.
Producto de la acción ciudadana, iniciativas públicas y privadas orientadas a mejorar el desempeño ambiental, aunque también por diversos grados de sensibilización del sector empresarial, han aparecido herramientas que buscan regular el papel de los sectores económicos en sus impactos sociales y ambientales. Por ejemplo una de estas herramientas es el Pacto Mundial.
El Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
Con relación a cuestiones ambientales las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales, deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental y deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente. Desde organizaciones internacionales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) existen una serie de estándares sociales y ambientales que exigen a los proyectos que se respeten como condición de financiamiento. Así mismo se menciona a iniciativas de la sociedad civil como la Certificación del Comercio Justo (Fair Trade) y los estándares del Forest Stewardship Council (FSC) para el caso de manejo forestal, entre otros. Otras herramientas son los programas de Responsabilidad Social Corporativa y las iniciativas de certificación de desempeño ambiental como por ejemplo ISO 26000 (Responsabilidad Social) e ISO 14001 (Medio ambiental).
El tema es que muchas de estas iniciativas son voluntarias y por tanto no están generalizadas con lo que las preocupaciones sobre los impactos ambientales se mantienen.
De otro lado, los Estados cada vez realizan esfuerzos por mejorar sus sistemas de fiscalización y supervisión ambiental sea porque son signatarios de acuerdos y compromisos internacionales, porque desean mejorar sus sistemas de gestión ambiental o por las presiones y demandas de la sociedad civil que exigen que los Estados no se queden solo en políticas de apertura y facilidades a las inversiones sino que cumplan un rol de garante de derechos y entre ellos los ambientales. Los Estados se mantienen en la tensión de apoyar decididamente el crecimiento económico y de asegurar una gestión ambiental efectiva. Las instancias ambientales podrían tener las mejores voluntades para avanzar en una gestión ambiental sostenible pero frecuentemente tienen que lidiar con el peso político y económico que tienen los sectores productivos. No siempre lo logran o tienen que aceptar situaciones de transacción.
En lo que respecta a las comunidades locales no en todos los casos se mantiene la premisa de la estrecha relación entre los seres humanos y la naturaleza. Los procesos de transculturación y aculturación producto de la globalización de la economía de mercado han permeado en diverso grado. Pero no solo son las carencias inmediatas que explican la conservación o degradación ambiental sino que también entran en juego tanto procesos históricos de exclusión como debilidades en los sistemas de gobernabilidad y gobernanza. Por ello, se puede afirmar que la sostenibilidad ambiental no será posible mientras la expansión del capital aumente los rangos de pobreza e impida el acceso de los pobres a los recursos necesarios para la mera supervivencia (Laguardia, 2013). En este contexto la propuesta de “economía verde” aparece como una opción que reconoce que ha recogido las falencias en consideraciones ambientales y sociales y por tanto pretende mejorar su desempeño.
Desde un sector de la sociedad civil y desde algunas de las grandes organizaciones representativas de los pueblos indígenas consideran que en tanto se mantienen los supuestos y las herramientas de economía convencional desconfían que la economía llamada verde vaya a responder el déficit de atención a estos temas y que sería una nueva estrategia para seguir haciendo lo mismo que siempre pero con una nueva cara y un nuevo discurso. Esto debe llevarnos a una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo a seguir.
Las grandes economías no pueden seguir creciendo de manera exponencial en un mundo finito (Esposito y Zandvliet, 2013). No obstante, no podemos dejar de reconocer que en las tensiones entre desarrollo y conservación ambiental ha habido interesantes avances. La pregunta es si es suficiente y las evidencias de campo nos indican que no. Ya no estamos hablando únicamente de situaciones polarizadas porque se verifican relaciones en la que se entretejen la formalidad, informalidad e incluso la ilegalidad. Resulta preocupante que en algunos casos comunidades locales también ingresan a situaciones de producción ilícita para los que no hay respuestas fáciles al ser tipificados como “problema social”.
Además, la corrupción en diferentes niveles se constituye en un mal endémico difícil de combatir.
Se requieren entonces nuevas aproximaciones como por ejemplo el rol de la gobernabilidad y la gobernanza, el diálogo relativo a la “nueva ética económica” que necesitamos, los procesos de negociación intra e intercultural para definir los límites ecológicos de los sistemas económicos, los derechos humanos desde una perspectiva multiactor y de sostenibilidad, entre otros. A fin de garantizar economías y sociedades sostenibles, se necesitan cambios estructurales y políticas novedosas que alineen los objetivos de desarrollo humano y cambio climático con estrategias de baja emisión y capaces de adaptarse a cada clima, y con innovadores mecanismos de financiación público-privada (PNUD, 2013). Por ejemplo, la experiencia en Latinoamérica indica que se requiere mejorar la gobernanza ambiental si se pretende revertir la degradación ambiental y el uso insostenible de los recursos naturales.
Entre los componentes críticos se encuentran el apoyo de múltiples partes interesadas, la sensibilización pública entre todas las partes involucradas, mecanismos más sólidos de sostenibilidad financiera, una capacidad institucional mejorada, marcos legales adecuados y mecanismos más sólidos de cumplimiento (PNUMA, 2012). El hecho que se mantengan los pasivos ambientales, ríos, suelos y aire contaminados, los procesos de deforestación y fragmentación de hábitats, la pérdida del acervo genético, nos llevan a la necesidad de ser más creativos en la generación de alternativas para la sostenibilidad.
El hecho que se considere a la legislación ambiental “agresiva” desde sectores económicos es una demostración que todavía estamos privilegiando el crecimiento económico a la sostenibilidad. Existe la necesidad entonces de desarrollar aproximaciones teóricas y metodológicas que den cuenta de la complejidad. Patrones duales de pensamiento nos están limitando a desarrollar alternativas de mayor impacto.
Múltiples son los factores que explican la complejidad de esta situación. Sin dejar de desconocer que el factor económico juega un rol muy importante en la modelación de los esquemas de desarrollo y conservación ambiental y que lo político desde el accionar estatal muchas veces avala esta supremacía, ya no estamos frente a sociedades que aceptan pasivamente esta realidad.
La mayor y mejor información, las demandas de participación y la movilización ciudadana actúan como contrapesos con diferentes grados de logro.
Producto de la acción ciudadana, iniciativas públicas y privadas orientadas a mejorar el desempeño ambiental, aunque también por diversos grados de sensibilización del sector empresarial, han aparecido herramientas que buscan regular el papel de los sectores económicos en sus impactos sociales y ambientales. Por ejemplo una de estas herramientas es el Pacto Mundial.
El Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
Con relación a cuestiones ambientales las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales, deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental y deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente. Desde organizaciones internacionales como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) existen una serie de estándares sociales y ambientales que exigen a los proyectos que se respeten como condición de financiamiento. Así mismo se menciona a iniciativas de la sociedad civil como la Certificación del Comercio Justo (Fair Trade) y los estándares del Forest Stewardship Council (FSC) para el caso de manejo forestal, entre otros. Otras herramientas son los programas de Responsabilidad Social Corporativa y las iniciativas de certificación de desempeño ambiental como por ejemplo ISO 26000 (Responsabilidad Social) e ISO 14001 (Medio ambiental).
El tema es que muchas de estas iniciativas son voluntarias y por tanto no están generalizadas con lo que las preocupaciones sobre los impactos ambientales se mantienen.
De otro lado, los Estados cada vez realizan esfuerzos por mejorar sus sistemas de fiscalización y supervisión ambiental sea porque son signatarios de acuerdos y compromisos internacionales, porque desean mejorar sus sistemas de gestión ambiental o por las presiones y demandas de la sociedad civil que exigen que los Estados no se queden solo en políticas de apertura y facilidades a las inversiones sino que cumplan un rol de garante de derechos y entre ellos los ambientales. Los Estados se mantienen en la tensión de apoyar decididamente el crecimiento económico y de asegurar una gestión ambiental efectiva. Las instancias ambientales podrían tener las mejores voluntades para avanzar en una gestión ambiental sostenible pero frecuentemente tienen que lidiar con el peso político y económico que tienen los sectores productivos. No siempre lo logran o tienen que aceptar situaciones de transacción.
En lo que respecta a las comunidades locales no en todos los casos se mantiene la premisa de la estrecha relación entre los seres humanos y la naturaleza. Los procesos de transculturación y aculturación producto de la globalización de la economía de mercado han permeado en diverso grado. Pero no solo son las carencias inmediatas que explican la conservación o degradación ambiental sino que también entran en juego tanto procesos históricos de exclusión como debilidades en los sistemas de gobernabilidad y gobernanza. Por ello, se puede afirmar que la sostenibilidad ambiental no será posible mientras la expansión del capital aumente los rangos de pobreza e impida el acceso de los pobres a los recursos necesarios para la mera supervivencia (Laguardia, 2013). En este contexto la propuesta de “economía verde” aparece como una opción que reconoce que ha recogido las falencias en consideraciones ambientales y sociales y por tanto pretende mejorar su desempeño.
Desde un sector de la sociedad civil y desde algunas de las grandes organizaciones representativas de los pueblos indígenas consideran que en tanto se mantienen los supuestos y las herramientas de economía convencional desconfían que la economía llamada verde vaya a responder el déficit de atención a estos temas y que sería una nueva estrategia para seguir haciendo lo mismo que siempre pero con una nueva cara y un nuevo discurso. Esto debe llevarnos a una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo a seguir.
Las grandes economías no pueden seguir creciendo de manera exponencial en un mundo finito (Esposito y Zandvliet, 2013). No obstante, no podemos dejar de reconocer que en las tensiones entre desarrollo y conservación ambiental ha habido interesantes avances. La pregunta es si es suficiente y las evidencias de campo nos indican que no. Ya no estamos hablando únicamente de situaciones polarizadas porque se verifican relaciones en la que se entretejen la formalidad, informalidad e incluso la ilegalidad. Resulta preocupante que en algunos casos comunidades locales también ingresan a situaciones de producción ilícita para los que no hay respuestas fáciles al ser tipificados como “problema social”.
Se requieren entonces nuevas aproximaciones como por ejemplo el rol de la gobernabilidad y la gobernanza, el diálogo relativo a la “nueva ética económica” que necesitamos, los procesos de negociación intra e intercultural para definir los límites ecológicos de los sistemas económicos, los derechos humanos desde una perspectiva multiactor y de sostenibilidad, entre otros. A fin de garantizar economías y sociedades sostenibles, se necesitan cambios estructurales y políticas novedosas que alineen los objetivos de desarrollo humano y cambio climático con estrategias de baja emisión y capaces de adaptarse a cada clima, y con innovadores mecanismos de financiación público-privada (PNUD, 2013). Por ejemplo, la experiencia en Latinoamérica indica que se requiere mejorar la gobernanza ambiental si se pretende revertir la degradación ambiental y el uso insostenible de los recursos naturales.
Entre los componentes críticos se encuentran el apoyo de múltiples partes interesadas, la sensibilización pública entre todas las partes involucradas, mecanismos más sólidos de sostenibilidad financiera, una capacidad institucional mejorada, marcos legales adecuados y mecanismos más sólidos de cumplimiento (PNUMA, 2012). El hecho que se mantengan los pasivos ambientales, ríos, suelos y aire contaminados, los procesos de deforestación y fragmentación de hábitats, la pérdida del acervo genético, nos llevan a la necesidad de ser más creativos en la generación de alternativas para la sostenibilidad.
El hecho que se considere a la legislación ambiental “agresiva” desde sectores económicos es una demostración que todavía estamos privilegiando el crecimiento económico a la sostenibilidad. Existe la necesidad entonces de desarrollar aproximaciones teóricas y metodológicas que den cuenta de la complejidad. Patrones duales de pensamiento nos están limitando a desarrollar alternativas de mayor impacto.
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